Ante el triunfalismo exhibido por los socialistas después de haber mejorado sus números este 21-A, Borja Sémper se ha preguntado este lunes "¿qué celebra el PSOE? ¿Que EH Bildu haya conseguido el mejor resultado de su historia?".

Y se trata de una reflexión pertinente.

Porque lo cierto es que aunque Sánchez puede esgrimir el crecimiento de su partido en el País Vasco para aprobar el primer examen electoral del trimestre, lo cierto es que no hay nada de lo que alegrarse desde un punto de vista constitucionalista.

A medida que pasan las horas, el escenario político salido de las autonómicas vascas se antoja más preocupante.

Nunca antes los partidos nacionales habían retrocedido tanto en el Parlamento de Euskadi. En esta ocasión sólo han sumado 21 de los 75 escaños. El soberanismo ha cosechado una mayoría más que absoluta y casi el 70% de los votos.

Una relación de fuerzas con la que ni siquiera pueden soñar los independentistas catalanes.

El PSOE no puede pasar por alto que los números para una coalición de PNV y EH Bildu se han conseguido con creces.

Tampoco puede pasar por alto que si PNV y EH Bildu no forman un frente común secesionista no es más que por intereses puramente coyunturales.

La formación de Eneko Andueza sólo resulta decisiva por tanto en el marco de la actual aritmética parlamentaria, y como resultado de la competición entre PNV y EH Bildu por la primera posición en el País Vasco.

Pero en el momento en el que cambien las circunstancias (y las tendencias demoscópicas vascas invitan a pensar que lo harán) y el PSOE pase a ser irrelevante, nada impedirá que los jeltzales y los aberzales se conjuren como lo hicieron en su día Junts y ERC para llevar también a Euskadi a un debate sobre la revisión del modelo territorial y de la relación del País Vasco con España.

Este mismo escenario en manos de Carles Puigdemont constituiría un desastre de proporciones gigantescas, y como tal habría sido leído por los partidos constitucionalistas. Si no se ha hecho tras este 21-A es porque, ciertamente, no está sobre la mesa un procés vasco.

Pero la capacidad fáctica para llevar al Estado a un nuevo conflicto institucional ya existe. Y sólo resta que llegue el momento propicio para activarlo y sacar del letargo a la vía separatista vasca.

España pasa a partir de ahora a tener dos frentes abiertos: el de la amenaza del referéndum en Cataluña tras el 12-M, y el de la espada de Damocles que se cierne sobre Euskadi después del 21-A.

Otegi ya ha apuntado este lunes hacia la apertura de "un cambio en el modelo de gobernanza". Y no se equivoca en su análisis de los resultados electorales: "El PNV debe entender que hay 40 diputados que reclaman políticas más a la izquierda de las que ha aplicado hasta ahora y el PSE-EE debe entender que hay 55 parlamentarios [incluyendo a la diputada de Sumar] que creen que debe haber políticas más aberzales".

Por eso, apoyándose en la posición fortalecida de la que goza desde el domingo, Otegi ha planteado la disyuntiva de si "va a haber suma aberzale" o "va a haber suma por la izquierda". Con su insistencia en la idea de que "55 de 25 parlamentarios decimos que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir", Otegi ha dirigido al PNV un llamamiento a "abrir un espacio de colaboración y no uno de confrontación".

EH Bildu ya ha puesto sobre la mesa la opción de un pacto con el PNV con vistas a revitalizar su agenda soberanista. Aunque ha asumido mansamente la continuidad del PNV en el gobierno.

Precisamente esta aquiescencia plantea un detalle inquietante. Porque habiendo obtenido los mismos escaños que el PNV, EH Bildu ni siquiera ha hecho el amago de reclamar un pacto con el PSOE.

No es la reacción que se esperaría de un partido que ha experimentado un gran crecimiento frente a otro que ha sufrido una importante caída. Y más cuando Otxandiano puede pretextar, como razón de más para reclamar un pacto de gobierno, más puntos de unión entre EH Bildu y PNV o entre EH Bildu y el PSE-EE que los que existen entre PNV y PSE-EE.

No otra cosa se puede deducir de este conformismo que la existencia de un plan a largo plazo por parte de Otegi, que podría realizarse en las elecciones vascas de dentro de cuatro años, con el beneplácito del PNV.

Y para entonces, la creciente debilidad del constitucionalismo lo habrá dejado en una posición inerme incapaz de resistir el embate, como sí pudieron hacerlo los catalanes no independentistas en 2017.