El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha querido defender la ley de Concordia realizada en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox pese al dictamen firmado por tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que alerta de que estas normas invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo. En este caso, Gallardo ha dudado de la legitimidad de estos tres relatores. “¿Quiénes son? ¿Qué saben de la legislación española y de las normas de esta ley? Porque han denotado mucho desconocimiento”.

En concreto son Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en su caso ha estado varias veces en el Congreso en charlas convocadas por Podemos; Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Morris Tidball-Binz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Asimismo, pone en duda su objetividad con más preguntas. “¿Quién les ha nombrado? Iremos viendo con el tiempo si tienen una visión parcial con el tema o hay alguien detrás”, ha dejado en el aire. Unas afirmaciones que también comparte el Grupo Parlamentario Vox, quien a través de su portavoz, Carlos Menéndez, ha afirmado que han investigado y uno de los relatadores, "es un jurista argentino que es amigo íntimo de Baltasar Garzón", por lo tanto, esto les provoca dudar "de su imparcialidad". Juan García-Gallardo argumentó que “las leyes no están para eso”, sino para actuar en el ámbito de las competencias de la Comunidad y “ambos partidos estamos absolutamente de acuerdo en que nadie debe sufrir el dolor de tener un familiar enterrado en una cuneta”.

No obstante, Gallardo ha afirmado que a estas horas nadie se había puesto en contacto con el Gobierno autonómico ni le había remitido una comunicación oficial sobre el pronunciamiento de los tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia. Para afirmar que en Castilla y León las leyes se tramitan conforme a los procedimientos establecidos y cumpliendo “toda la normativa” por lo que no tiene duda de que no habrá problema para sacarla adelante, unas declaraciones realizadas tras la celebración de la Jornada de Estudio que el Grupo de los Reformistas Europeos (ErC) ha organizado en Valladolid .

García-Gallardo ha insistido en que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión "imparcial".

"Lo que tenemos claro es que nadie debe tener que sufrir el dolor de ver a un familiar enterrado en una cuneta, todo el mundo merece que se respete la dignidad de las personas lo demás son bombas de humo de la izquierda y son maniobras de distracción", ha afirmado.

Cuestionado sobre la posible condena de la dictadura en el texto, Gallardo ha confirmado que “nosotros en la ley de Concordia de Castilla y León no vamos a condenar la reconquista por islamofobia, ni a los Reyes católicos por antisemitismo, ni tampoco vamos a condenar la conversión al catolicismo de Recaredo. En fin, no vamos a hacer cosas absurdas como es juzgar la historia desde las leyes lo que vamos a hacer es ofrecer una ley a la ciudadanía que ampare a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa nada más y tampoco nada menos”, ha explicado.

Por último, ha señalado que la Ley de Concordia se ha demorado debido a las negociaciones con el PP, algo que se ha hecho con "pausa, serenidad y mucho diálogo" y que ha concluido con un texto "consensuado" por lo que no vería lógico que el PP presentara un rechazo.